Teoría Constitucional y los Derechos Humanos

Analizar a nivel comprensivo los conceptos y debates actuales sobre la teoría del poder y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el estudio de formas y límites del poder, gobernanza, órganos constitucionales autónomos y características constitucionales, utilizando estrategias y recursos de aprendizaje adecuados para la modalidad no escolarizada, con el fin de fortalecer el pensamiento crítico y la capacidad para interpretar el marco jurídico y político que rige a México

La teoría del poder estudia cómo se ejerce, distribuye y controla la capacidad de influir en decisiones y comportamientos dentro de una sociedad. En México, esta teoría ha evolucionado desde enfoques tradicionales, centrados en el poder político formal, hacia perspectivas más amplias que incluyen poder económico, social y mediático; también, ha impulsado debates sobre la gobernanza, entendida como la capacidad del Estado para coordinar actores públicos y privados para el bien común, esto es crucial en un país donde la gobernabilidad enfrenta retos como la corrupción, la violencia y la desigualdad.

La teoría distingue entre poder legítimo (basado en la ley y la Constitución) y poder de facto (derivado de la fuerza o influencia no institucional). En México, estos dos tipos han coexistido y a veces entran en conflicto, afectando la estabilidad política y social. Inspirada en la teoría de Montesquieu, la división de poderes en México (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) busca evitar la concentración del poder. Sin embargo, la realidad mexicana ha mostrado desafíos para mantener estos límites, especialmente en contextos de centralización y control político. La teoría del poder ha impulsado la creación y fortalecimiento de órganos autónomos (INE, CNDH, órganos anticorrupción), para equilibrar el poder estatal y garantizar mayor transparencia y rendición de cuentas en México.

El poder no sólo reside en el Estado; la teoría actual reconoce el papel de la sociedad civil, los medios y otros actores en influir en la toma de decisiones. En México, esto se refleja en movimientos sociales y demandas de mayor democracia y justicia. Más allá del poder formal, en México existe un entramado de poder informal, como redes políticas, clientelismo y grupos económicos, que influyen en la política y la gobernanza, lo cual es un objeto clave de análisis en la teoría del poder. La teoría del poder en México se nutre del análisis constitucional que establece límites y mecanismos para ejercer el poder legítimamente, incluyendo el respeto a los derechos humanos y la legalidad.

En relación a las discusiones actuales sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es si México necesita una nueva Constitución o si debe seguir reformando la de 1917, dado que ha sido excesivamente modificada (más de 700 reformas), ha perdido coherencia y sistematicidad y hay una desconexión entre el texto constitucional y la realidad social y política actual. Muchos expertos consideran que la CPEUM es una Constitución sobrecargada y fragmentada, con artículos que se contradicen o repiten; algunos artículos han sido reformados más de 30 veces, lo que genera incertidumbre jurídica y dificulta su enseñanza y comprensión.

Dentro de los debates emprendidos se encuentra la discusión –cada vez más intensa– sobre la existencia y el rol de los órganos constitucionales autónomos (como el INE, INAI, COFECE, Banxico). Algunas posturas políticas buscan reintegrarlos al poder central, lo que ha generado preocupaciones sobre la independencia del Estado frente al Ejecutivo. Se discute fuertemente la presencia militar en tareas de seguridad pública, lo cual ha sido constitucionalizado mediante reformas recientes. Un hecho reciente lo constituye la reforma del Poder Judicial, donde se ejecutó, sin el éxito esperado por la administración actual, la elección popular de jueces y ministros, lo que preocupa por la posible politización del sistema de justicia.

Existen propuestas para elevar a nivel constitucional el derecho al medio ambiente sano, incluyendo obligaciones claras para el Estado en materia de transición energética, protección ambiental y justicia climática. La Constitución todavía no regula con claridad fenómenos como: inteligencia artificial, ciberseguridad, derechos digitales, regulación de plataformas digitales. Se discute cómo actualizar la CPEUM sin convertirla en un documento excesivamente técnico o volátil.